Por orden judicial se aplazan por un año las denuncias por usurpación que Artegescón interpuso contra familias que viven en las casas abandonadas al oeste del "Polígono Industrial José Díaz" de Espartinas
Así lo expresa el Juzgado Mixto nº 1 de Sanlúcar la Mayor dejando sin efecto el juicio oral contra estas familias, "al no quedar acreditados los hechos del delito leve que ha dado motivo a la formación de la causa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641-1º de la Ley de Enjuiciamiento", por la acusación particular de Artegescón.
Los antecedentes a estos Autos del Juzgado son conocidos por IU desde el pasado 3 de junio, al atender un mismo caso de una familia en la premura de una vista judicial cuya multa se establecía entre los 200 y 2.000 euros por delito leve en una vivienda por usurpación. Realizadas las debidas consultas al gabinete jurídico de IU, y acompañando a la persona denunciada ante la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, se logró que la vista fuera aplazada.
El primer paso recomendado a esta familia fue el que solicitara un abogado de oficio, seguido de obtener el Informe Social de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y, fundamental, estar registrada como demandante de vivienda en Sevilla; son requisitos para estar más protegido contra multas o posibles deshaucios, frente a demandas al juzgado por parte de las promotoras o Bancos titulares de las casas donde viven familias en exclusión social.
Artegescón es la empresa promotora que está en espera de que judicialmente se resuelva el juicio concursal de acreedores devenido por una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda al Banco que en su día le otorgo el préstamo. Al no haberse celebrado aún dicho juicio y hasta tanto en cuanto no se resuelva, Artegescón no puede actuar contra las familias que viven en las casas situadas al oeste del "Polígono Industrial José Díaz".
Buena parte de dichas familias fueron recibiendo citaciones del Juzgado de Sanlúcar la Mayor por usurpación, pero ahora por orden judicial, "se acuerda el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones, que será definitivo una vez transcurrido el plazo de un año, desde la fecha de firmeza de esta resolución", y así lo ha ido notificando la Policía Local a las familias demandadas.
Recordar que por palabras de la Concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y a la pregunta de IU sobre dichas casas, se nos informó que el Ayuntamiento está a la espera de que pasen al SARED y éstas sean gestionadas a través de la Junta de Andalucía, circunstancias que podrían permitir un alquiler social en función de los ingresos de las familias que las habitan.
Debemos de recibir como buena noticia dicha resolución judicial que supone una tregua para con estas familias, las que no dejarán de seguir cautelosas porque la orden de deshaucio siempre estará latente dado que en un año pueden pasar muchas cosas; familias que siguen organizadas y apoyadas firmemente por la PAH, que permanecen vigilantes ante cualquier movimiento en contra de su legítima lucha, y es sabido que el concejal de IU acude a las asambleas familiares cuando es invitado.
IU hace el seguimiento de los acuerdos que en el Pleno Ordinario del 31 de marzo se aprobó por unanimidad y así IU se lo recordó a la alcaldía en la instancia Registro de entrada municipal nº 2396 de 14 de abril de 2016 (clicar aquí).
Nuestro grupo político es consciente de las dificultades que aún tienen dichas familias para tener los servicios mínimos vitales de luz y de agua, pero no cejamos en el empeño de que dicha precariedad se resuelva lo antes posible.
