Hoy, el feminismo sigue siendo imprescindible para revertir la desigualdad, luchar contra la intolerancia y el odio y transformar la sociedad
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por sus derechos, participación y reconocimiento, en pie de igualdad con los hombres, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
Este año, la pandemia del COVID-19 ha puesto de relevancia la precariedad estructural de nuestro sistema tras años de políticas neoliberales. Estamos ante una situación de crisis social y económica y no podemos permitir una respuesta sin perspectiva de género que acentúe las desigualdades que viven las mujeres. Debemos abordar esta crisis no como la de 2008 con austeridad y recortes, sino enfocarnos en la reconstrucción de lo público y en una lucha contra la precariedad, la falta de derechos y las desigualdades que vivimos las mujeres en nuestra diversidad.
Durante este periodo, las mujeres han sido las que han estado en primera línea de actuación contra el COVID, realizando trabajos esenciales pero sin embargo invisibilizados, tanto en el ámbito sanitario siendo ellas la inmensa mayoría de personas trabajadoras, como en el ámbito de los cuidados, asumiendo una mayor carga de trabajo en el hogar, siendo estos trabajos fundamentalmente precarios.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres suponemos el 85% del personal que trabaja en las residencias de mayores y personas dependientes donde se han dado las peores cifras de fallecimientos. También somos mayoritarias en otros servicios esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza y representan la práctica totalidad de las empleadas del hogar de los cuidados. Todos ellos trabajos feminizados y precarizados.
Esto conlleva situaciones donde se vulnera la seguridad y protección para la salud porque las trabajadoras queremos un trabajo decente donde ganarnos la vida, no perderla: 20 de cada 1.000 trabajadoras sufrió un accidente laboral en Andalucía en 2018.
En Andalucía 9 de cada 10 mujeres trabajan en el sector servicios, tanto privado como público y en este último se encuentra otro de los servicios esenciales recogidos en el Real Decreto 10/2020 que cuenta con un índice de feminización bastante elevado los servicios sociales y de protección de las víctimas de violencia de género. Garantizar que nadie se quede atrás es su función, atender a las familias que han sufrido el peor de los azotes de la pandemia, a ellas no solo les ataca el virus, también el riesgo de pobreza.
A esto se suma el desigual reparto de las tareas de cuidados. El 70% de estas tareas son realizadas por las mujeres, a las que muchas han sumado el teletrabajo, el cuidado y sostén de las personas de la casa, una sobrecarga de trabajo que no se ha visto respondida con mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: administraciones, empresas y hogares. Especialmente afectadas están las familias monoparentales, de las que ocho de cada diez tienen a una mujer al frente.
Ambos elementos concurren juntos para establecer un suelo pegajoso que dificultarnos a las mujeres el desarrollo de nuestro proyecto vital y las bases de la brecha salarial por la que las mujeres trabajamos sin remunerar 51 días al año con respecto a los hombres. A largo plazo, esta brecha salarial afecta a sus pensiones. Además, sufrimos mayor riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, instalándose especialmente en los hogares monomarentales.
Según el informe de Oxfam “Una reconstrucción justa es posible y necesaria” Andalucía será la comunidad autónoma de España más afectada por la crisis económica tras la pandemia y se agravará la desigualdad, “Las personas con menores ingresos perderán, proporcionalmente, ocho veces más renta que las más ricas”.
Andalucía encabeza la pobreza femenina según indica la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y a pesar de esa realidad la financiación de la Renta Mínima de Inserción Social se ha visto disminuida en Andalucía a pesar de la situación de crisis social y económica que atravesamos asociada a la pandemia. En 2018 partíamos de 198 millones y en el presupuesto actual cuenta con solo 115 millones de euros.
Por último, se estima que la crisis económica provocada por la pandemia también afecte más a las mujeres ya que no debemos olvidar que tenemos mayor tasa de desempleo y que esto se acentúa entre las personas jóvenes. Según la última EPA de 2020 la tasa de paro masculina se situaba en un 17,84% mientras que la femenina lo hacía en un 25,99%, más de ocho puntos por encima.
La mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables, en el aspecto laboral y en el social, y si no realizamos políticas que pongan la protección de las personas en el centro, sufrirán peores consecuencias. Un claro ejemplo es el IMV que se ha debido reformular para posibilitar el acceso de las familias monomarentales.
La desigualdad que denuncia el feminismo es estructural y global, asentado y sostenido por el sistema capitalista y patriarcal cuyo objetivo es obtener beneficios y privilegios para unos pocos a costa de las personas más vulnerables y oprimidas, que terminan siendo las mujeres en toda su diversidad (migrantes, racializadas, trans, con diversidad funcional, jóvenes y mayores).
Por eso es inevitable hablar de redistribución de la riqueza mediante un sistema fiscal justo que permita la cobertura de las necesidades sociales y en este sentido reivindicar la iniciativa para que se liberen las patentes de las vacunas y de este modo evitar hacer de la pandemia un negocio y agilizar la inmunidad de toda la población. Necesitamos un cambio de lógica que coloque los cuidados en el centro, las necesidades de las personas como prioridades y desplace la obtención de beneficio como único motor de la sociedad.
Este 8M el movimiento feminista trabaja para ocupar el espacio público de otra manera, visibilizar los efectos de la pandemia sobre la vida de las mujeres.
El neoliberalismo ha impulsado un modelo de cuidados mercantilizado y de bajo coste que hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería ser atendido a través de los servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige fortalecer las políticas públicas y leyes en materia de dependencia y servicios sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas e individualizadas, generando una gran precariedad en el centro de la reproducción de la vida. Un claro ejemplo de ello han sido las residencias de mayores que necesitan una reestructuración profunda para garantizar una atención de calidad y mejorar las condiciones laborales de las personas, mayoritariamente mujeres, que trabajan en ellas. Por eso es absolutamente fundamental financiar de manera suficiente nuestros servicios públicos: servicio andaluz de salud, educación pública, dependencia y servicios sociales. No entendemos como a pesar de las recomendaciones del FMI y de la UE de realizar presupuestos expansivos para blindar los servicios públicos a la ciudadanía para afrontar la pandemia sin que nadie se quede atrás el gobierno andaluz ha puesto en marcha unos presupuestos “prudentones” y guarda en un cajón 688 millones de superhábit del presupuesto de 2020, más 450 millones del presupuesto actual que están sin presupuestar. Esos recursos destinarse a garantizar la igualdad. Las mujeres somos las principales perdedoras cuando los servicios públicos no funcionan, como hemos visto en nuestras provincias con la interrupción de los servicios de comedor escolar en algunas localidades durante más de un curso escolar.
Las mujeres migrantes son relegadas y forzadas a los trabajos más precarizados y a la vez de los más esenciales, como el trabajo doméstico y de cuidados o la recogida de la fruta. Todo ello sufriendo negación de derechos, abusos laborales y sufriendo situaciones de violencia machista que tienen que dejar invisibilizadas y atajadas de raíz. Por ello exigimos unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y unas políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular, que luchen contra su exclusión y abuso en el mercado laboral y que las proteja de la trata y la prostitución para salir de la pobreza.
Las mujeres en situación de explotación sexual no se han visto protegidas en este contexto ni se han garantizado medidas efectivas para el cierre de esta actividad a pesar del riesgo para la salud. Se ha preferido mirar para otro lado. Todo ello hace imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra la trata, que implementen el Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución tengan alternativas formativas y laborales, alternativa habitacional y mecanismos de asilo y protección reales.
En un momento donde se están incrementando los índices de pobreza y exclusión no podemos olvidarnos del negocio de los vientres/úteros de alquiler, que recordemos, afecta sobre todo a mujeres pobres que son quienes se ven abocadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal que sigue creando nichos de mercado a costa de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres.
La pandemia nos ha vuelto a relegar a las mujeres al hogar, desplazándonos del espacio público. No podemos permitir retroceder en la relevancia de que la perspectiva de género impregne la reconstrucción social y que el teletrabajo no suponga hacernos desaparecer del espacio público y la toma de decisiones. Seguimos siendo invisibles en la historia por lo que seguiremos potenciando todas las actuaciones que recuperen nuestra memoria histórica y sirvan de referentes a las mujeres actuales y futuras.
También este año se ha impulsado la ley de libertad sexual imprescindible para garantizar el consentimiento y hacer entender que solo si es sí. Y es que queda mucho camino que recorrer en este sentido y es imprescindible que se acompañe de una educación afectivo-sexual desde la igualdad y la diversidad sexual, identidad y/o expresión de género y que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta.
La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres y exigimos que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema de Salud público y denunciamos la represión hacia quienes encabezan la lucha por los derechos sexuales y reproductivos.
Por éstas y muchas más razones es necesario potenciar e implantar la perspectiva de género en las actuaciones que se desarrollan y evitar que esta crisis aumente las desigualdades y las discriminaciones para lo que es necesario cambiar los modelos patriarcales y capitalistas por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia.
Hoy, el feminismo sigue siendo imprescindible para revertir la desigualdad, luchar contra la intolerancia y el odio y transformar la sociedad.
