En el pleno Extraordinario del 25 de Abril, el equipo de gobierno presentó una modificación presupuestaria (una más, y van…) consistente en aplicar una partida de 38.000 euros procedentes de ahorro en intereses de créditos, al intento de expropiar terrenos ubicados en el proyecto Aprocom/Waterland.
Presentan la propuesta sin aportar documento alguno que acredite que está abierto el correspondiente expediente de expropiación, lo hacen de palabra, y no informan de la situación en que se encuentran las negociaciones, si es que existen, y de los detalles de la mismas.
Hay que recordar, y así lo hicimos en nuestra intervención en el Pleno, la sentencia del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía (TSJA) sobre la denuncia presentada por los propietarios de los terrenos.
La detallamos:
Antecedentes
El 16 de abril de 2015 el Ayuntamiento de Espartinas aprueba definitivamente el Plan Parcial "Parque Terciario Comercial.....". Éste acuerdo es recurrido por una parte de los propietarios afectados mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo que es admitidito a trámite.
El Recurso
Los demandantes argumentan contra la aprobación definitiva del Plan Parcial lo siguiente:
- Plantean la caducidad del expediente por el tiempo transcurrido entre la aprobación inicial y la definitiva.
- Denuncian la vulneración del "Principio de Audiencia"
- Falta de motivación en documento aprobado. (Éste es un requisito imprescindible en todo acto administrativo).
- Viabilidad económica del Proyecto.
La Sentencia
La sala rebate los tres primeros argumentos, bien justificados como consta en la literalidad de la sentencia.
Sobre la "Viabilidad Económica del Proyecto" cuestiona que los medios financieros de los que dispone el urbanizador, "Innovación y Comercio Urbano S.L". sean suficientes para hacer frente al desarrollo urbanístico ya que no se concretan fuentes de financiación suficientes para garantizar el desarrollo del sector. La Ley del Suelo prevé con carácter imperativo que la "documentación deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica en el que se ponderará, en particular, el impacto sobre las Haciendas Públicas afectadas (...)" pero además continua diciendo la sentencia "no solo adolece de cualquier detalle y concreción desde el punto de vista factico, sino que además carece del más mínimo apoyo documental o información económica o financiera que lo atestigüen, no constando en la tramitación del expediente informe del interventor municipal que lo avale". Ésta es la razón de peso por la que se anula la aprobación definitiva del Plan Parcial, por no haber demostrado que existen garantías económicas ni por parte del Ayuntamiento (Promotor) ni por parte de Innovación y Comercio Urbano S.L. (urbanizador).
En Resumen
La sentencia sostiene que no está garantizada la viabilidad económica del desarrollo del sector urbanístico, que el expediente que se tramita con la Dirección General de Carreteras no está culminado y que dicho sistema viario transcurre por la propiedad de dos de los recurrentes.
El Alcalde Accidental y su Equipo de Gobierno no han ejecutado la sentencia y no han iniciado la redacción de un nuevo Plan Parcial para la zona, imprescindible su aprobación en Pleno si quieren seguir actuando en los terrenos afectados.
Estimamos que ante esta inseguridad jurídica es conveniente sentarse, hablar, negociar e intentar llegar a acuerdos para evitar otro nuevo deterioro de las arcas municipales, la caja de toda la ciudadanía, con nuevos procesos judiciales.
Por otra parte vuelven a presentar una modificación de presupuestos, a unos presupuestos que no han sido aprobados por el actual consistorio, ya que son los prorrogados del anterior equipo de gobierno. Llevamos dos ejercicios sin Presupuestos en nuestro Ayuntamiento. Para una gestión transparente de los recursos es imprescindible la aprobación de los presupuestos para cada ejercicio y exigimos al Alcalde Accidental que cumpla el acuerdo, reiterado en varios plenos, de convocar un Pleno en el que se debatan los Presupuestos para 2017. No aceptamos el que continúe intercambiando partidas a su antojo o que utilice de manera artera los “contratos menores” para obviar la fiscalización y control de los plenos.
Por la inseguridad jurídica, por la falta de información y transparencia, porque necesitamos unos Presupuestos 2017 y acabar con el trapicheo, teníamos que estar en contra de la propuesta presentada.
